The Guardian del jueves 31 de Julio publica una grabación entre centinelas y oficiales que dispararon sobre una niña de 13 años en el campo de refugiados de Rafah.
Centinela: “Hay una niña caminando en la explanada”.
Centro de Operaciones: "¿Estamos hablando de una niña de diez años?"
Centinela de la torre: "Una niña de unos diez años está detrás del terraplén."
Centinela de la torre: "Creo que le dieron desde uno de los puestos."
Capitán R: “Yo y el otro soldado...nos vamos un poco más cerca, hacia adelante, para confirmar la muerte y recibir un informe de situación. Disparamos y la matamos...Cambio."
Comandante: "Este es el comandante. Todo lo que se mueve en la zona, aun si es un niño de tres años debe morir. Cambio."
Testigos describieron cómo el capitán disparó a Iman dos veces en la cabeza, se alejó, se volvió y disparó un chorro de balas en su cuerpo. Los médicos del hospital de Rafah dijeron que tenía diecisiete disparos.
La explicación oficial del ejército israelí es que ellos no sabían que se trataba de una niña.

Las AFP: pinochetismo económico en el Perú

Los trabajadores que no hayan cumplido 40 años a partir del primero de agosto de este año 2014, están obligados a hacer aportes a un fondo de pensiones, ya sea en las AFP (privado) o la ONP (nacional). En setiembre de 2013 el gobierno tuvo que ceder ante el rechazo de los trabajadores que protestaban por el intento de asalto. Este es el segundo intento. Ya la gente se ha dado cuenta de que las AFP dan jubilaciones de miseria. Nada justifica que sean la única opción para ahorrar. La creación de pequeñas empresas y sobre todo una buena educación y una buena familia, son otras alternativas que pueden garantizar una vejez digna. Además por supuesto de un sistema de seguridad social en serio. ¿Por qué tenemos que soportar la complicidad entre los grupos económicos dueños de las AFP y el Estado que obliga a aportar? Si uno invierte dinero en la bolsa, le pagan los dividendos anualmente, no se quedan con el dinero por años. Uno puede retirarlo e invertirlo nuevamente. Mientras posea acciones uno es propietario de la empresa en que invierte. ¿Cuál es la lógica para que las AFP capturen a la fuerza un porcentaje del sueldo de los aportantes y encima se queden con la propiedad de las acciones? Las AFP no deberían cobrar su comisión en función al sueldo, sino en función al dinero mensual que se les da para invertir. Y si capturan el dinero de los ahorristas, pues entonces los ahorristas deberían ser los dueños de las AFP. En el caso de los denominados independientes ¿Por qué la obligación de invertir solo en un monopolio, la AFP Habitat? ¿Y encima chilena y pinochetista? Cuando Pinochet se retiró del poder no solo dejó senadores vitalicios que Chile tuvo que soportar por años sino que creó las bases del financiamiento de la derecha fascista. Son las AFP. Los capitales capturados a los ahorristas chilenos por los empresarios pinochetistas fueron introducidos por Fujimori. Ya están ubicados en una línea aérea monopólica, LAN, en las distribuidoras de energía eléctrica Edelnor y Luz del Sur, en Cencosud y los malls tipo Saga o Ripley. Les venderemos a los chilenos el gas de Camisea sin procesarlo en derivados. Y ahora se pretende que tengan los ahorros de cinco millones de peruanos y peruanas. Hace tiempo que tenemos a Pinochet en casa y ahora financiaremos a la derecha chilena con el dinero de los pequeños empresarios y trabajadores independientes. En la actualidad existen seis AFP en Chile: Capital, Provida, Cuprum, Hábitat, Plan Vital y Modelo. Cuentan con más de 9 millones de afiliados. Durante sus treinta años de existencia han obtenido una ganancia global cercana a los 5 mil millones de dólares. Casi todos los dueños pertenecen a la extrema derecha pinochetista. Guillermo Ladislao Arthur Errázuriz, Presidente de la Asociación de AFP y Vicepresidente AFP Capital, fue fundador y es miembro de la comisión política de la Unión Demócrata Independiente UDI, expresión del fascismo chileno en su versión contemporánea. Fue ministro del Trabajo y Previsión Social después del plebiscito que derrotó la dictadura de Augusto Pinochet. José Antonio Guzmán Matta preside el directorio de la AFP Habitat. Esta AFP se llama Habitat porque está ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que controla más del 67,48 % de la propiedad inmobiliaria. Guzmán Matta fue presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, así como de Enersis y Endesa, ambas empresas de capitales españoles. Asimismo fue miembro del consejo de la universidad privada Finis Terrae perteneciente a la ultraconservadora congregación Legionarios de Cristo fundada en México que maneja quince universidades y 175 colegios para financiarse. El fundador de Legionarios, el padre Marcial Maciel, era drogadicto, violó alumnos y seminaristas; y engendró varios hijos de quienes abusó sexualmente. Estos terribles hechos causaron la condena de Benedicto XVI en marzo de 2010 y el apartamiento de Maciel de la vida religiosa. Joaquín Cortez Huerta segundo Vicepresidente de la Asociación de AFP en Chile, es a su vez presidente del directorio de Provida, la más grande de Chile. A comienzos de la década del 80, trabajó como asesor del Ministerio de Hacienda que entonces lideraba Sergio de Castro, firme colaborador de la dictadura de Pinochet. Mientras los empresarios pinochetistas engordan hasta reventar con el dinero de los ahorristas, las ganancias para los nueve millones de afiliados no han sido nada buenas en el vecino del sur. Las pensiones promedio no superan los 300 dólares. La AFP siempre gana, los ahorristas siempre pierden porque han disminuido sistemáticamente las tasas de retorno. En Chile ahora todos, menos los dueños de las AFP, están de acuerdo en impulsar profundas reformas al sistema. El sistema es corrupto en sí mismo porque compra a los políticos. Las AFP financian el 48 % de las campañas de la UDI y Renovación Nacional RN (extrema derecha) y el 14 % de los gastos de los partidos de la oposición. Respaldan a la derecha y le liman las uñas a la oposición. Las AFP fueron creadas como un gran negocio. En Chile, con la plata de los trabajadores controlan las empresas más grandes: bancos, seguros, retail, energía, telecomunicaciones, universidades privadas y estatales. Según explica el economista Gonzalo Durán, la inversión del sistema de AFP en Chile se destina a proveer de recursos al alto empresariado. Hay diez grandes empresas que tienen más de 15 mil millones de dólares en capital que provienen de las AFP y diez Bancos con más de 28 mil millones de dólares. Ricardo Hormazábal, actual presidente de la Organización Acusa AFP y autor del libro “El Gran Engaño: 30 años del sistema de AFP”, dice que los grupos económicos buscan influir en los gobiernos y partidos a través de la incorporación de personas que tienen algún cargo relevante y que comparten su proyecto. Las AFP son parte esencial de la corrupción en el sistema político. En el Perú, las AFP deberían devolver a los afiliados el dinero ahorrado en vez de esperar a que se mueran con una pensión que está por debajo del nivel de subsistencia.

Los ODS:hoja de ruta planetaria

En un artículo de Roberto Bissio, Agenda Global ha publicado los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio, ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible, que serán propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realizará el próximo año en Nueva York. Son objetivos generales y radicales. Por ejemplo, se plantea eliminar la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Nada menos (Objetivo 1). Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible (Objetivo 2). Los Objetivos se concretan en 150 metas al 2020 y 2030. La extrema pobreza es definida como la de aquellos que viven con menos de 1.25 dólares al día. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible unifican dos secuencias: la que condujo desde el Club de Roma en los setenta a la Cumbre de la Tierra, la aprobación del concepto de desarrollo sostenible y a la firma del protocolo de Kioto, en Río 1992. Y la que llevó desde la Cumbre Social de Copenhague en 1995 a la Cumbre del Milenio en el 2000. A partir de 2015 ambas secuencias se unificarán para emprender la hoja de ruta que la humanidad deberá seguir en el resto del siglo teniendo como primeros hitos el 2020 y 2030. El año pasado, un grupo de expertos de la antigua revista científica internacional Nature, http://www.nature.com ) que se publica en el Reino Unido, liderados por David Griggs, planteó la necesidad de vincular la erradicación de la pobreza con la protección de la biósfera puesto que erradicar la pobreza dejaría de tener sentido en un planeta destruido. Los autores identifican los límites planetarios: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad; la interferencia con el nitrógeno y los ciclos de fosfato, la disminución del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, el uso del agua dulce global, los cambios en el uso del suelo, la contaminación química y la carga atmosférica de aerosol. Si se traspasa estos límites cualquier cambio económico o social, cualquier objetivo o meta, deja de tener sentido. La acción de los humanos está produciendo un cambio ambiental de tal magnitud que nos ha empujado hacia una nueva era geológica: el antroproceso. A partir de esta observación los autores proponen reformular el paradigma de los tres pilares del desarrollo sostenible –económico, social y ambiental- sobre el que se fundaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio y reemplazarlo por el concepto de Sistema Tierra. El desarrollo sustentable debe ser definido no solo como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer los recursos que necesitarán las generaciones futuras, sino como aquél que satisface las necesidades del presente a la vez que salvaguarda el sistema Tierra. Las organizaciones de la sociedad civil lideradas por los ambientalistas, las feministas, las organizaciones sindicalistas y las que promueven los derechos de los niños y adolescentes, cuestionan el sistema de la globalización neoliberal. Los organismos financieros internacionales sostienen que la libertad de comercio creará las condiciones para la superación de la pobreza. Promueven los programas neoliberales que afirman la desigualdad y causan la pobreza, mientras critican la desigualdad. Es la posición de los Estados Unidos y los países capitalistas de Europa. La República Popular China y el grupo de los 77, donde está la mayoría de los países pobres, enfatiza los temas económicos y los problemas que causa el pago de la deuda externa, los fondos buitre, y las acciones negativas de las corporaciones empresariales, a la vez que critican la desigualdad e injusticia en los intercambios que promueve la Organización Mundial del Comercio. No aparece posibilidad de que la sustitución del Protocolo de Kioto por un nuevo compromiso mundial, salga de su impasse. Si la Conferencia de París no logra reemplazar el Protocolo de Kioto, la de Nueva York perderá sentido práctico y quedará solo como un ejercicio de retórica.

Más sobre la nueva dictadura universitaria Héctor Béjar www.hectorbejar.com Me permito comentar rápidamente algunos artículos de la Ley Universitaria aprobada por el Congreso que está a la espera de promulgación por el Presidente. Cualquier miembro de la comunidad universitaria debe denunciar ante la Sinedu (Superintendencia), “la comisión de actos que constituyan indicios razonables de infracciones a la presente ley” (art. 9). ¿Qué significa esa obligación? ¿Se está convirtiendo a profesores y alumnos en delatores? ¿Por qué el “debe”? Además, con este artículo, de ser aplicado a plenitud, la Sinedu se convertirá en receptáculo de miles de conflictos generados en las 140 universidades existentes. Y no creo que tenga capacidad para resolverlos. La disposición del Art. 10 para que los locales universitarios sean usados “exclusivamente para sus fines” esconde una finalidad represiva. Es una limitación a la libertad de reunión porque en adelante las autoridades podrán denegar autorización a las reuniones que no convengan a sus intereses o que sean juzgadas políticamente inconvenientes. Una comunidad universitaria está hecha para reunirse, exponer y discutir. Es la esencia de su misión. Pero la ley no puede esconder el recelo y sospecha de sus autores. No les gustan las reuniones. Tienen que ser “exclusivamente para sus fines”. El Superintendente será propuesto por el Ministerio de Educación y nombrado por Resolución Suprema, es decir por el Presidente. Un hombre de Palacio. Será el gran dictador de las universidades, especialmente de las públicas. El hombre que autorice y prohíba, el que multe y sancione, el Super Rector que reinará sobre decenas de miles de docentes, autoridades, trabajadores y alumnos. La Superintendencia tiene 17 funciones. Será un Ministerio más, un territorio para dar más empleos a los parientes de los congresistas y amigos del gobierno. Art. 15. ¿Quién organizará el concurso público para integrar a los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia? ¿Pues quién va a ser? El gobierno. No se dice cómo se organizará. Todos sabemos que los concursos son casi siempre adecuados a quienes el gobierno cree que deben ganar. Las Universidades no tendrán nada qué ver en un asunto que les corresponde. Será el Ministerio de Educación. Art 84. Los mayores de setenta años solo podrán ser docentes extraordinarios. Extraordinarios, es decir, por excepción. Eso significa en la práctica el silencioso, abusivo y masivo despido de cientos de profesores de experiencia para dar lugar a contingentes de profesionales dispuestos a aceptar la nueva dictadura. Este artículo es discriminatorio, viola los criterios contemporáneos sobre adultos mayores y sus derechos constitucionales. Y dicho sea de paso, condena a esos profesores a una jubilación mísera como premio a su entrega a la docencia. El Art 119 legaliza a las universidades combi a las que llama “universidades privadas societarias que generan utilidades”, las universidades combi de las que Mora habló tan mal. Encima no pagarán impuestos si reinvierten sus utilidades. Ahora sí queda definitivamente consagrado el comercio con la educación. Y además, disfrutarán de créditos tributarios por reinversión. Como no se establece topes máximos a los sueldos de sus ejecutivos, ellos seguirán ganando las grandes sumas actuales. Porque los periódicos y la televisión publican los grandes sueldos de los rectores de las universidades públicas pero callan los de universidades y empresas privadas. ¿Sabe Ud. cuánto gana un gerente de AFP? ¿O un rector de Universidad privada? ¿Ud. cree que se lo prohibirá la Superintendencia? ¿Por qué se hace escándalo con los sueldos de los rectores y se calla los sueldos de los mismos en las Universidades privadas? ¿Por qué las Universidades públicas deben elegir sus autoridades y las privadas deben ser dictaduras? Art. 122. Mientras las universidades públicas serán el pasto de los partidos políticos empezando por el Apra, las privadas continuarán siendo feudos de los grupos económicos. En este aspecto la ley tiene nombre propio. Se detiene en los castillos de los señores. Ni en la Edad Media, cuando había comunidades universitarias, existieron dictaduras como las universidades privadas donde alumnos y profesores tienen que callar porque no tienen derecho a nada, solo a obedecer. En resumen, la ley ha sido el parto de los montes. Fue mucho ruido para tan pocas nueces. Sin duda, las mafias actuales que dominan las Universidades, continuarán haciendo lo de siempre. Usufructuar, parasitar, comerciar. La extrema debilidad del movimiento de los docentes y estudiantes, impide siquiera un debate abierto.

Inglaterra de pie Héctor Béjar www.hectorbejar.com Cientos de miles de personas se unieron a las manifestaciones, piquetes y marchas del sector público que tuvieron lugar durante el 10 de julio a lo largo de Inglaterra y Gales. Maestros, empleados de las escuelas, bomberos y trabajadores de limpieza pública salieron a las calles para protestar contra la disminución de los salarios reales y la caída de los estándares de vida. La huelga fue parte de la más grande cadena de acciones que ha tenido lugar en años recientes en el Reino Unido. Fue una demostración más de lo aislado que está el sistema político del mundo social. Los conservadores en el gobierno planean endurecer las leyes contra el derecho a la huelga. Los laboristas se negaron a respaldarla. David Cameron está planteando que para que una huelga sea legal debe contar con la aprobación de la mayoría de trabajadores de cada empresa o institución y no solo de cada asamblea. El proceso sería tan complicado y lento que haría imposibles las huelgas. Si los sindicatos son obligados a cumplir una valla tan alta, la misma regla debería ser aplicada a los representantes, dicen los trabajadores. Muchos integrantes en la Cámara de los Comunes han sido elegidos por votaciones menores al 50% del electorado. El partido laborista se negó a respaldar la huelga. Los líderes de los sindicatos criticaron al Partido Laborista. Es tiempo de que los laboristas cambien su mentalidad, dijo Dave Prentis, líder de la Unison una de las centrales convocantes. Las diferencias entre laboristas y conservadores son imperceptibles desde que Anthony Blair llevó hacia la derecha y los empresarios capitalistas al viejo laborismo inglés basado en los sindicatos. En Londres, miles de trabajadores descendieron hacia la Trafalgar Square. Los bomberos se unieron a la manifestación bajo el lema: Nosotros salvamos a las vidas no a los bancos. Charles Brown un bombero londinense dijo a The Guardian: ellos quieren que trabajemos más años, quieren pagarnos menos y nos piden cotizaciones más altas para nuestras pensiones. No tenemos más remedio que defendernos. Cientos de escuelas, museos y galerías de arte fueron cerradas durante el jueves, día del paro. En Bristol fueron suspendidos los entierros y las cremaciones. El gobierno argumenta que mantener bajos los salarios del sector público es necesario para pagar las deudas del Estado. En 2013 la deuda pública inglesa llegó casi a los dos millones de millones de euros. Era 630 millones de euros en 2003 antes de la crisis bancaria y el salvataje de los bancos. El salvataje hizo engordar a la City de Londres mientras el Estado siguió enflaqueciendo. Y los trabajadores deben pagar las cuentas que ellos no crearon. Los 86,000 millones de euros con los que el Banco de Inglaterra pretende reactivar la economía irán a los empresarios pero no a los trabajadores. En vez de cambiar su política, los conservadores amenazan con cambiar la ley sobre huelgas, convirtiéndolas en ilegales. Los conservadores han incrementado sus ataques a los sindicatos. Francis Maude, uno de los ministros, pidió a los padres y madres de familia reemplazar voluntariamente a los maestros para romper la huelga en las escuelas. Más de 450,000 trabajadores del sector público ganan menos de lo indispensable para vivir. Los maestros han perdido 15% de su salario real. El alza en el costo de vida se ha comido largamente los aumentos de salarios. El gobierno conservador ha anunciado que no moverá los salarios al menos hasta el 2018. Y cambiarán las leyes para hacer imposible una huelga legal. Pueda que el paro del jueves sea el último acto en una Inglaterra que se desliza hacia una abierta dictadura económica y política. Muchos trabajadores empiezan a decir que si los laboristas no los apoyan ellos actuarán con sus propias fuerzas. La acción colectiva incluye, entre otras, a las organizaciones Unison (Unión de trabajadores del servicio público), Unite (trabajadores de las industrias), la GMB de 130 años de antigüedad y la Unión de Servicios Públicos y Comerciales.