Mientras celebrábamos el advenimiento del 2018 era publicada la Política
Nacional de Competitividad.
Mientras celebrábamos el 28 de julio del 2019, salió a luz el Plan Nacional
de Competitividad y Formalización. El anuncio de elecciones adelantadas puso el
Plan en tercer o cuarto plano.
Son ochenta
medidas del Plan para ejecutar en cuatro fases que llegarían incluso al 2030.
Ha sido elaborado por el Consejo Nacional de Competitividad y
Formalización.
Y una lectura del Plan, permite afirmar que está diseñado para servir a las
empresas y ayudarlas a hacer negocios. Para formar los trabajadores que las
empresas necesitan, no las empresas que necesita el país, porque mientras se
quiere “formalizar” a las PYMES y lograr un Estado promotor de la inversión
privada, se mantiene a las grandes corporaciones tales como están.
Se dirá que se estudia mejorar el marco regulatorio. ¿Pero son suficientes
las normas que refieren a las relaciones entre las empresas y los usuarios o
consumidores, pero mantienen el modelo que explota a los trabajadores y está
orientado solo hacia la exportación, pero no a la alimentación de la población
peruana, por ejemplo?
¿Y quiénes forman el CNCF?
Doce ministros, todos
los representantes de las organizaciones empresariales, pero solo un gobernador
y un representante sindical. Muy democrático.