LA NEO OLIGARQUÍA Y LOS
MAESTROS
Héctor Béjar
www.hectorbejar.com
El
gobierno de Ollanta Humala ha abandonado el Proyecto Educativo Nacional,
continúa postergando la urgente inversión en la electrificación y el
saneamiento de las escuelas, y ha optado por el camino fácil de entregar la
educación de las nuevas generaciones al Banco Mundial. Este organismo
multilateral está llevando a cabo en el sector educación la concepción que ya
aplicó anteriormente en el Estado, la salud y el enfrentamiento de la pobreza:
focalizar hacia arriba creando y reforzando una nueva oligarquía en la
burocracia dorada y los colegios privados; focalizar hacia abajo mediante el
asistencialismo a los pobres extremos vía los denominados programas de
inclusión social.
En
marzo de este año 2015, 120 000 maestros y maestras fueron obligados a dar exámenes
de comprensión de
textos, razonamiento lógico y pedagogía
durante tres horas en 166 centros de evaluación de todo el país. El Ministerio
de Educación (Minedu) empezó a aplicar la nueva Ley de Reforma 29944 que crea la Carrera Pública Magisterial
(CPM).
Los
maestros y maestras tuvieron que esperar cuatro años para que se convoque al
examen. La ley se dio en 2012 y ordenaba que los exámenes se den cada dos años,
es decir el primer examen se debió rendir en 2014 y los siguientes en 2016,
2018 y así sucesivamente. El Minedu empezó incumpliendo la ley que él mismo ha
promovido.
La fecha del concurso y las plazas
dispuestas para los ganadores sufrieron modificación tras modificación. El concurso debía realizarse en noviembre
de 2014. Luego se programó para enero del 2015. Y acabó realizándose en marzo.
Después de la prueba de marzo se ha anunciado otra.
220 mil son ahora los inscritos al concurso docente, similar al de marzo, que
se realizará probablemente el domingo 23 de agosto de 2015.
Los competidores deberán superar puntajes
establecidos por el Ministerio para pasar a una etapa descentralizada de
adjudicación de plazas. Este será el camino único para que puedan ser
contratados el 2016.
La
Ley es aplicada simultáneamente con la reforma de salud, la nueva ley
universitaria, que ha abolido la autonomía que estudiantes y profesores conquistaron
en 1919, la ley Servir, que crea tres
sectores de empleados en la administración pública (quienes laboran en empresas
públicas que tienen régimen privado, los que son contratados por servicios y
los que estarían en la ley Servir); leyes y reformas de privatización en otros
ámbitos que son promovidas por el Banco Mundial y el BID, es decir, Washington,
en toda América Latina. El Perú es el único país de la región que las aplica
sin chistar.
Primero se dijo que habría ocho mil
vacantes para los maestros y maestras que ganen el concurso. Luego el número
fue creciendo por presión de los docentes sobre el Minedu, a 10 mil, 15 mil y
20 mil. Aun así es una cantidad mínima comparada con el conjunto del
magisterio. Aunque el Minedu no sabe cuántos maestros y maestras ha contratado
porque no tiene organismo de planificación, se calcula que son trescientos mil
los que trabajan en el sector público, es decir que estarían ingresando en el
mejor de los casos algo más del 10% a la CPM. El resto, la mayoría, tendrá que
esperar. Como los concursos se realizarán cada dos años, en el mejor de los
casos recién después de veinte años, es decir, en 2036, todos estarán en la CPM
y esto, si se cumplen los plazos. Si como ha venido sucediendo, los concursos
se realizan cada cuatro años en la práctica, la CPM abarcará a todos en sesenta
años, recién en 2076.
La escala establecida por la ley comprende ocho
niveles. Quien haga 40 horas semanales, es decir tiempo completo, podrá
percibir hasta 5 mil 183 soles. Si dicta 24 horas percibirá mil 243 soles.
En el mejor de los casos un maestro o maestra que
tenga la suerte y el privilegio de obtener los cinco mil soles (para ello
necesitará cumplir múltiples requisitos puestos por quienes manejan el
proceso), ganará lo que hoy percibe una secretaria de Sunat que no ha
necesitado vencer tantos obstáculos[1].
Esto sucederá en una minoría de minorías. Hasta el momento de escribir este
texto no hay ningún maestro en la sétima y octava escalas, las más altas[2]En
la generalidad de los casos, los maestros concursarán para ganar 1,400 soles,
es decir que habrán padecido años de experiencia en aulas ruinosas, más la
humillación de las colas y los desórdenes para dar examen, para ganar en un mes
lo que un ministro, congresista o consultor de alto nivel, recibe por un día de
trabajo. Los ministros ganan 32,000 soles sin considerar gastos de
representación y otros privilegios.
¡Parece increíble que la gente que maneja el Estado
piense que una persona que ha pasado años en las aulas tenga que concursar para
ganar 1,400 soles, es decir, menos de la canasta mínima familiar! Pero así es
la mentalidad que gobierna el Estado peruano.
Exámenes
humillantes
¿Por qué los maestros y maestras que
tienen años de experiencia en las aulas deben ser sometidos a exámenes para
entrar a la CPM?
La idea de la “meritocracia” aparece
justificada, legítima, y es popular entre la gente común. “Meritocracia” es el
neologismo de moda, así como reingeniería, competitividad, empleabilidad, etc.,
y otras palabras del vocabulario actual que la gente repite sin conocer su
origen y sentido.
En realidad, es cierto que la evaluación
es necesaria. Pero debería existir un sistema permanente de capacitación y
actualización para el magisterio con los premios y castigos correspondientes,
no pruebas únicas. Y un sistema que tome en cuenta el rendimiento del profesor
o profesora en el aula y las opiniones de los padres y madres de familia, de
los alumnos y alumnas.
En la práctica, el Minedu prefiere la
idea anacrónica de la prueba única tomada en las peores condiciones de
improvisación y desorden, a un sistema permanente. Es lo fácil. Y lo que recibe
el apoyo manipulado de la prensa concentrada que echa a los maestros la culpa
de la mala calidad de la educación.
Tampoco aquí el Ministerio cumple con su
propia ley que establece tal sistema. Todos quienes ejercemos el profesorado sabemos que las
pruebas únicas escritas son insuficientes e inadecuadas para evaluar a un
alumno o alumna. Y es injusto hacer
depender la vida profesional de una persona de una prueba dada en condiciones
de estrés y anarquía.
Sería bueno que los señores del Congreso
y los ministros sean sometidos también a pruebas únicas de ética, comprensión
de lectura y razonamiento lógico para justificar los 24 000 o 30 000 soles
mensuales que ganan. Y también ministros como el actual responsable de la educación
peruana, que no es educador sino economista y nunca ha pisado una escuela.
Se dirá que la Ley prescribe (art. 7) la
formación en servicio. Entonces lo lógico sería que las pruebas se realicen
durante y no antes de esa formación. De hecho, obligar a los maestros y
maestras a una prueba para ingresar a la CPM significa desconocer toda su
carrera anterior y asumir una conducta excluyente que desconoce su experiencia.
En realidad, la idea de la competencia es
típica del neoliberalismo y forma parte de su posición individualista a
ultranza. No cooperar, competir. No organizarse, obedecer calladamente, en
dispersión, a la neo oligarquía instalada en el Estado.
¿Y los escolares? Los estudiantes no son
tomados en cuenta para nada, no existen para el Ministerio. No se ha hecho ni
se piensa hacer nada para variar el patrón autoritario de la vertical y
antidemocrática escuela peruana. La escuela debería ser el aprendizaje de la
participación, la educación cívica y la democracia. Sabemos que no lo es.
Democracia
y elites
Quiere decir que luego de un proceso
desordenado y humillante, los que tengan la suerte de ingresar a la CPM
formarán una minoría privilegiada, una isla en medio de un magisterio
maltratado y desmoralizado.
Es la concepción darwinista de la
política social: la de formar una sociedad estratificada, segmentada, con
sectores privilegiados y otros abandonados a su suerte. La selección “natural”
de los que aparentan ser más capaces y la exclusión del resto inservible.
Eso sucede en salud. En este sector se
promueve clínicas privadas de lujo para las clases altas; se privatiza la
corrupta Essalud mediante Entidades Prestadoras de Salud EPS para las clases
medias; y está el Seguro Integral de Salud desfinanciado, para los pobres. Los
denominados Establecimientos de Salud Estratégicos tienen la inversión
focalizada, el favor del Estado. Todo en condiciones inhumanas, precarias,
peligrosas, excepto por supuesto en las clínicas privadas, el primer mundo en
casa para quienes puedan pagarlo.
Se ha abandonado el Proyecto Educativo
Nacional. Se promueve los Colegios de Alto Rendimiento COAR para los
estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria que cumplen determinados
requisitos. El resto de maestros y alumnos debe estudiar en colegios que no tienen
mínimas condiciones de habitabilidad y salubridad.
La Ley 30057 del Servicio Civil aprobada por el
Congreso el 2 de julio de 2013 establece en la práctica dos regímenes para los
empleados públicos. Uno con estabilidad, dos gratificaciones por año, CTS de un
sueldo anual, pensiones calculadas sobre el total de los ingresos y no sobre
una parte menor de ellos, como es ahora. Y otro régimen que la ley no menciona:
el de los demás…todos los que hasta ahora están sujetos a los Contratos
Administrativos de Servicios (CAS) sujetos a la voluntad política del régimen.
Para pertenecer al sector privilegiado hay que rendir exámenes. Los que
desaprueban más de dos evaluaciones son despedidos. No se capacita
sistemáticamente a los funcionarios. Ellos tienen que buscar capacitación en
entidades externas: eso motiva el gran negocio de las universidades privadas
que venden postgrados por miles a profesionales desesperados por títulos. No
hay posibilidad de sindicatos o negociación colectiva. A partir del 2018 todos
los inconformes serán despedidos. En la práctica, el tercer régimen es intocado
hasta ahora: el de las empresas públicas.
Durante el gobierno de Ollanta Humala, el
Banco Mundial ha consolidado su dominio sobre las políticas sociales peruanas:
salud, educación y programas para los pobres extremos. Esta dominación refuerza
y complementa la que ya viene ejerciendo desde el lejano pasado el FMI sobre el
Ministerio de Economía y la que ejerce la CONFIEP sobre los ministerios de la
producción. Desde el primer gobierno de García en 1985, los organismos
multilaterales y las Naciones Unidas promovieron un Estado dentro de otro
Estado: el de los ministros, asesores y consultores privilegiados, dispuestos a
todo, que ahora ganan mil trescientos o más soles diarios, lo que un maestro
gana en un mes. Su lealtad al poder
mundial del dinero es comprada por un estatus privilegiado que todos los
peruanos somos obligados a pagar con nuestros impuestos bajo la amenaza de una
implacable Sunat. El régimen que proclamó la inclusión social, ha agregado más
elementos a un sistema que es segmentado y excluyente, dentro y fuera de la
gestión pública.
[1]http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/estructuraRemunerativa/anexo-ds093-2012.pdf consulta 11 de junio 2015.
[2]
Declaraciones de Idel Vexler, ex Viceministro de Educación en La República, 14
de junio 2015.
